Por Mario A. Valencia*
Drummond se encuentra en el ojo del huracán por su presunta responsabilidad en el vertimiento de más de 500 toneladas de carbón en la costa de Santa Marta. Sin embargo, tristemente, esto no es lo peor que ha hecho Drummond en el país. Si algún texto de administración quisiera tener un estudio de caso sobre las cosas que no debe hacer una empresa, tendría que tomar el caso de la multinacional estadounidense.
Desde su llegada al país en 1988, no existe una sola actuación de Drummond que no haya estado acompañada de cuestionamientos: quejas de la comunidad, protestas laborales, hallazgos fiscales y hasta demandas penales por su presunta participación en la financiación de asesinatos a sindicalistas, conforman el enorme prontuario de la compañía del Estado de Alabama.
1. Los 5 retoques:
El contrato 078 de 1988, que le permite a la empresa operar en Colombia, sufrió 5 modificaciones para 1994, sin haber extraído un gramo de carbón. Entre otras cosas, dicho contrato le impide al Estado colombiano incidir sobre los costos de transporte del carbón desde la mina hasta el puerto, los cuales son descontados del pago de las regalías. Este es quizás uno de los puntos más polémicos de la relación entre la empresa y la nación.
2. Yo manejo tus ganancias…
En teoría, Colombia participa en un porcentaje de las ganancias de Drummond, pero ésta se encuentra atada al ‘costo presuntivo’ del transporte que define la propia empresa. Para su cálculo se determinó un trazado inicial de 465 kilómetros, con 6 movimientos de cargue y descargue hasta Ciénaga, para lo cual se estimó un costo -hasta 6 millones de toneladas- de 13.305 dólares. Cuando Drummond entró en operación el trazado que realmente se realizó tenía una distancia de 193 kilómetros, con 4 movimientos de cargue y descargue, que inexplicablemente pasó a costar 17.508 dólares.
3. Con cara gano yo, y con sello…
Con todo lo anterior, “ganancia presuntiva” de la Drummond quedó definida en el contrato con una pérdida de US$3,55 por tonelada, aunque en realidad sus ganancias sean multimillonarias.
En otras palabras, en el papel la ‘pobre’ Drummond trabaja a pérdidas, y por esta situación, en la práctica, el Estado colombiano nunca ha participado de sus verdaderas y significativas ganancias. Para colmo, el contrato establece que la concesión de la mina ‘La Loma’ va hasta el año 2019 pero la concesión del tren va hasta el 2021, permitiéndole tener el control del transporte del carbón aun cuando el contrato haya vencido. Sigue leyendo
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